Deinteres: Educación para la Democracia | 26-11-2005 |
Breve Panorama de República Dominicana (Documento para reflexión) El gobierno dominicano presenta a nuestro país como modelo de democracia emergente y lo promociona como un paraíso de playas visitadas por millones de turistas. Se nos considera como la tierra que produce los más poderosos deportistas del béisbol de grandes ligas. Se proclama que dominicanos triunfan en todo el mundo en las artes y la medicina. El gobierno se mantiene abierto y complaciente para el desarrollo de cualquier aventura económica de inversionistas extranjeros, garantizándoles la posibilidad de repatriar las ganancias obtenidas sin control alguno. Nuestras dos principales ciudades han crecido en los últimos veinte años a un ritmo acelerado. Se construyen aeropuertos, enormes edificios y plazas comerciales; han sido abiertos numerosos sectores urbanos residenciales para las clases privilegiadas, situando el renglón de la construcción entre los más importantes de nuestra economía interna. El país, ciertamente, cuenta con un sistema de comunicaciones telefónicas amplio y ultra-moderno, con decenas de canales de televisión, más de doscientas transmisoras radiofónicas y numerosos periódicos de circulación nacional; existen, además, una cantidad incalculada de aparatos de computación y medio millón de vehículos automotores. Todo eso nos hace un país informado y comunicado en grado superlativo. Si bien lo antedicho es cierto, no menos cierto es que República Dominicana se encuentra inmersa dentro de una vorágine económica, política, social y ambiental que puede derivar en una crisis que cause un colapso del endeble andamiaje sobre el cual descansan sus instituciones. Lo socio-económico Según cifras divulgadas por organismos internacionales, poseemos elevados índices de pobreza extrema o miseria, analfabetismo, bajos salarios y astronómico desempleo (del orden del 16% en una población de 8.5 millones de habitantes, lo que significa que 1,360,000 dominicanos carece de trabajo), a la vez que un reducido sector hace ostentosos alardes de bonanza y opulencia de origen cuestionable. Nuestra realidad pudiera definirse como lo que los economistas llaman desarrollo desigual y combinado. No es un secreto que la producción nacional de bienes de consumo y uso ha mermado hasta el punto que hoy traemos de fuera el azúcar que hasta hace algunos años era el principal renglón de nuestro aparato productivo. Tampoco es un secreto que las importaciones US $4,000 millones al año) crecen día a día, mientras las exportaciones (US $700 millones) se reducen con tendencia a disminuir, situándose nuestra balanza comercial en cerca de 6 x 1, negativa. Nuestras clínicas y hospitales públicos se encuentran huérfanos de los medicamentos esenciales y de camas disponibles. La gran mayoría de los dominicanos carece de seguro de salud y mucho menos de programas de jubilación o pensiones por edad. La falta de aulas y pupitres para los estudiantes es admitida hasta por las instancias oficiales. Además, pese a los esfuerzos que se realizan, la enseñanza de nuestra historia es deficiente, hasta el punto de los alumnos no saber quién fue el fundador de la República ni quiénes los héroes que lucharon por hacernos un país independiente. Los programas de Historia Dominicana terminan a principios del siglo XX, razón por la cual no se contempla analizar el período trujillista, ni quiénes hicieron posible liberarnos de la satrapía más terrible de nuestra historia; se ignora la Guerra Civil de 1965 y la ignominiosa ocupación extranjera, así como el papel jugado por la población bajo el mando de Francisco Alberto Caamaño Deñó al enfrentar la embestida de 42 mil marines de la potencia que hoy rige el planeta. Tampoco se habla de Sebastián Lembá, Ramón Natera, Mauricio Báez, Heriberto Núñez, las familias Patiño y Perozo, las hermanas Mirabal ni Manuel A. Tavárez Justo. En las aulas, nuestra historia antigua es tergiversada y la reciente ignorada u ocultada a la juventud. Estamos siendo convertidos en deudores de miles de millones de dólares a instituciones de crédito multinacionales, de manera tal que desde el mismo momento en que nuestros hijos y nietos comiencen a laborar como adultos y mientras vida tengan, estarán en la obligación de pagar, no sólo el capital, sino también abusivos intereses. Es remoto que esas deudas puedan algún día terminarse de pagar por carecer el país de producción de bienes exportables. Los dominicanos de hoy nacen con un pagaré en la mano, en vez de un pan debajo del brazo. El porcentaje de dominicanos que no posee casa propia es muy elevado y otro más numeroso aún habita en chozas de tablas de cajas o cartón con piso de tierra, sin instalaciones sanitarias de ninguna especie. La mayoría de los dominicanos no tiene ingresos suficientes para hacer frente a la canasta familiar, por lo que muchos se ven obligados al pluriempleo, además de que ambos cónyuges deben trabajar para subsistir, cuando no también los hijos menores, en desmedro de su salud física y mental. Precisamente, debido a los magros salarios y la falta de oportunidades que permitan subsistir con cierta dignidad, los dominicanos se ven obligados a emigrar por todos los medios posibles, entre ellos el de arriesgar sus vidas cruzando el peligroso Canal de la Mona en precarias embarcaciones. Desde hace décadas, el Estado dominicano, a través de corporaciones azucareras estatales y privadas, trae braceros haitianos al corte de la caña de azúcar. La contratación prevé pagos subvaluados y condiciones de vida precarias, aprovechando las condiciones de miseria que desde hace tiempo existen en la hermana República de Haití. No obstante los acuerdos para labores de corte de caña, muchos inmigrantes han sido llevados a realizar otras labores agrícolas, también sub-pagadas, en fincas privadas. Además, al mismo tiempo que dominicanos emigran buscando mejores oportunidades, miles de inmigrantes haitianos ilegales nos invaden para ocupar con avidez diferentes plazas de trabajo, especialmente en la agricultura y la construcción, tareas pobremente satisfechas por empresarios codiciosos. Cada día se aumentan las cargas impositivas a la ciudadanía. El 12 por ciento del ITEBIS más el l.5 por ciento de anticipo (carga esta última de dudosa constitucionalidad) y el impuesto sobre la renta (que se cobra casi exclusivamente a los asalariados) agobian a los consumidores y a medianos y pequeños empresarios industriales y comerciantes. A algunos de estos últimos se les suma el recargo cambiario. Es importante señalar que los abusivos impuestos a los combustibles carburantes, incluyendo el gas licuado para la cocción de alimentos, son una carga inaguantable para los usuarios, siendo este último un incentivo a la deforestación, por verse el campesino obligado a cortar árboles para usarlos como leña y para elaborar carbón vegetal, necesarios para la preparación de sus alimentos. A lo anterior se añade la escasez de energía eléctrica, así como el cobro arbitrario y antojadizo de tarifas siempre abultadas. Las empresas y los hogares de clase media y alta han sido compelidos a instalar plantas eléctricas de emergencia cuasi-permanentes, lo cual conlleva un costo de manutención adicional que significa una carga incosteable. En cuanto a los barrios pobres, las empresas acuerdan programas de suministro de energía que luego incumplen, lo que motiva que muchos no quieran pagar; sin embargo, mediante cortes masivos, se castiga a los que sí pagan la energía junto a los que no pagan. Algo similar sucede con las tarifas de los servicios telefónicos: se incrementan cada día sin que el Estado intervenga en defensa de los castigados usuarios, con lo cual bendice los aumentos. Las empresas de energía y las telefónicas gozan de patente de corso e impunidad para ejercer los abusos que continuamente cometen. A las consideraciones anteriores, deben agregarse los altos costos de la educación y de los servicios de salud privados y de los medicamentos, cuya demanda aumenta ante las deficiencias de los ofrecidos por el sector público. No existe, de parte del gobierno, voluntad para controlar los precios de los artículos y servicios de primera necesidad, por lo cual andan a la deriva. A pesar de la abierta política de obedecer las órdenes impartidas por organismos imperiales, de poner en venta los bienes, terrenos, empresas e industrias pertenecientes al Estado, o sea al pueblo dominicano, incautadas a raíz de la decapitación del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, enajenación que se llevó a cabo con la complicidad de los congresistas, se continúan los aprestos para poner a disposición de aventureros, principalmente extranjeros, las aún no otorgadas. La política de entrega de las riquezas nacionales se extiende hasta el colmo del arrendamiento indefinido y patente de cobro de peaje sin condiciones, de carreteras construidas por el Estado. No podemos dejar de mencionar la quiebra casi total de la producción agropecuaria nacional y su sustitución por artículos importados, tanto por vía legal como por el contrabando. Esta política ha obligado al campesino y su familia a emigrar hacia las ciudades principales o hacia el extranjero. Las consecuencias, como es natural, son la proliferación de barrios-miseria periféricos, desempleo, hacinamiento, criminalidad, promiscuidad, falta de oportunidades y de futuro de la juventud. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo subsiste República Dominicana, cuando su capacidad productiva agrícola e industrial se ha reducido, cuando sus exportaciones han mermado considerablemente, y la producción agrícola nacional tiene que competir con el contrabando? La respuesta es muy sencilla, aunque parcialmente es uno de los secretos mejor guardados en los informes que ofrece el Banco Central: subsistimos gracias a los aportes provenientes de fuentes externas, aunque en ellas haya presencia de nacionales dominicanos. Estas son, principalmente: - Las remesas de los residentes en el exterior; - Los magros salarios pagados por las industrias de las zonas francas; - El turismo, cada día más escaso debido al estado de recesión económica en que se encuentran muchos de los países que nos envían sus visitantes, y - Que somos recipientes del producto de la evasión de impuestos de países europeos y del lavado de los estupefacientes. Por supuesto, las cifras de estos últimos dos renglones no están -ni estarán- disponibles. Los derechos ciudadanos Vivimos inmersos en lo que podemos llamar una caricatura de democracia. En efecto, si bien existen tres partidos políticos principales y se han llevado a cabo eventos electorales desde 1966, éstos han sido de dudosa honestidad. Si bien se han producido ciertos avances en el ejercicio de los derechos ciudadanos, no menos cierto es que muchos de ellos son frustratorios. Los dominicanos, pese a sus luchas, no han obtenido ventajas sustanciales en los niveles de vida prometidos por los presidentes electos. Se les ha prometido el cielo y han obtenido el purgatorio. A pesar del alto costo económico que representan las fuerzas del orden, éstas mantienen prácticas abusivas, maltratos y ejecuciones sumarias, inclusive de niños y mujeres indefensos; no se ha abolido la práctica de la tortura a detenidos ni la retención de familiares de sospechosos de haber cometido algún crimen. Y si bien los asesinatos políticos han disminuido, subsisten las represalias, órdenes de apresamiento e intimidación a quienes osaren criticar la situación imperante. Se reprimen violentamente las protestas cívicas y se detiene a quienes ejercen sus derechos ciudadanos, creando un estado de zozobra, sobre todo en los barrios periféricos y en las pequeñas poblaciones. Las autoridades encargadas de garantizar los derechos humanos no parecen estar dispuestas a hacerlos cumplir. A la vez, esos mismos organismos no garantizan a la ciudadanía contra delitos, asaltos, robos, secuestros y asesinatos, que muchas veces cometen los mismos miembros de los cuerpos represivos. El Poder Judicial No escapa a la inteligencia del pueblo que, pese a ciertos avances organizativos logrados, el sistema judicial aún carece de efectividad e idoneidad. La tardanza en los enjuiciamientos, las fallas en la conducción de presos preventivos a los tribunales, las instancias rechazadas por alegado mal fundamento, se traducen en negación de justicia. Las prisiones abarrotadas e inmundas son la regla. Asimismo, persisten los golpes y maltratos a los detenidos, los privilegios a quienes pagan por un trato especial, las liberaciones o amnistías irregulares de condenados y los criminales declarados inocentes por jueces venales. Todo esto se resume en que también la corrupción en el sistema penal es inagotable. Se agrega que los homicidios de ciudadanos cometidos por agentes policiales bajo el alegato de "intercambio de disparos" son juzgados por los tribunales de su rama y los victimarios declarados inocentes o simplemente trasladados a otro lugar de servicio. Más de una vez se ha calificado a nuestro país como paraíso jurídico de los narcotraficantes, ya que numerosos enjuiciados por dicho crimen son puestos en libertad bajo el alegato de insuficiencia de pruebas, pese haber sido apresados en plena ejecución de las fechorías y con el cuerpo del delito en las manos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado las instancias que se le han presentado con la finalidad de evitar que nuestra nación sea desmantelada con la venta graciosa, a precio vil e inventarios devaluados, de los bienes del Estado a consorcios extranjeros desacreditados o acusados de prácticas deshonestas en otros países. Esas instancias judiciales han caído en saco roto a pesar de que la enajenación de los bienes del Estado es contraria a los más altos intereses del país. El sistema judicial, en todos sus niveles, continúa en manos de abogados que no tienen tradición en la magistratura, que ejercen abierta o veladamente su profesión a través de parientes o socios, y por cuadros de los partidos de turno, no por jueces experimentados y calificados para impartir justicia como único oficio. El Poder Legislativo Los principales partidos políticos y sus aliados se dividen el pastel en el Congreso Nacional. Los principales empeños de quienes fungen como representantes del pueblo, son: - Aumentar las cargas impositivas que gravitan sobre las espaldas del pueblo; - Incrementar la deuda externa hasta lo infinito; - Alargar el período por el cual fueron elegidos, de cuatro a seis años; - Reinstaurar la reelección para el cargo de primer mandatario, y - La creación de nuevas provincias, municipios y secretarías de Estado. Los legisladores han aprobado impuestos que desbordan la capacidad de pago de los contribuyentes y ciudadanos comunes. Inclusive, distintos organismos recaudadores disponen cargas sin recurrir a los debidos trámites legales. Sin embargo, se mantienen los mecanismos por medio de los cuales grandes empresas pueden evadirlos mediante su fraccionamiento o convirtiéndose de industriales a comerciales-importadoras. Quienes no pueden obviarlos son los asalariados, que deben indefectiblemente pagarlos. Por demás, se otorgan exenciones impositivas privilegiadas a empresas extranjeras. Es inquietante la política sumisa a presiones foráneas para adoptar el sistema neoliberal globalizante y, por ende, anular o reducir al mínimo las cargas impositivas aduanales de productos terminados que compiten de manera desleal con la industria nacional. Esa política ha contribuido a la quiebra y desaparición de docenas de empresas manufactureras, así como miles de talleres y negocios pequeños. Se ha quitado a la industria nacional todo tipo de protección e incentivo que pudiera haber tenido, promoviéndose, a la vez, el establecimiento y dominio de grandes empresas comerciales multinacionales. Finalmente, la creación de nuevas entidades del Estado aumentan considerablemente los gastos corrientes, siendo evidente que una de sus funciones principales es la de cumplir con las promesas de campaña electoral de empleo y de reubicar a los que quedaron desocupados por la venta de las empresas estatales. El Poder Ejecutivo El cesarismo que implica el sempiterno artículo 55 de la Constitución de la República ha sido la piedra angular que ha permitido el mantenimiento de nuestro país de dictadura en dictadura. Aunque este no es ahora el caso, continúa la práctica de que el presidente de la República sea prácticamente una especie de monarca que imparte favores, ordena obras sin planificación ni estudio previo y achaca a gobiernos anteriores la culpa de todas las desgracias y miserias del país. Los candidatos a la primera magistratura triunfantes, ya en posesión de su alta investidura, no dan seguimiento a las obras comenzadas por sus antecesores. No dan paso a sugerencias, a menos que éstas sean en beneficio propio, de sus parientes o correligionarios. Sobornan a dirigentes gremiales cuando entran en negociaciones por algún reclamo sindical, logrando con frecuencia dominar a las directivas. Una de las más acertadas críticas que se hace a la Presidencia de la República es que otorga nombramientos innecesarios y superfluos a decenas de miles de personas sin preparación adecuada o la honestidad requerida a un servidor público, sólo por el hecho de pertenecer al partido político en el poder, ser pariente, o haber contribuido a su éxito en las elecciones. El calificativo de "botellas" se queda corto ante el festival de subsecretarios de Estado, asesores, inspectores, ayudantes civiles y demás nombramientos a beneficiarios con sueldos de lujo y privilegios, mermando el presupuesto de la nación de manera considerable, lo cual resta capacidad para la ejecución de obras necesarias y para lograr el pleno empleo que se requiere. Es de elemental conocimiento que no se combate la pobreza otorgando favores y dádivas, ni realizando actividades demagógicas, sino incentivando la producción de bienes que requieran abundante mano de obra. Otra de las características del gobierno dominicano es su proclividad a la tardanza en el pago de la deuda pública interna, sobre todo en lo que se refiere a los salarios de los empleados públicos. Los presupuestos otorgados a organismos periféricos, entidades de beneficencia y de servicio público, son recortados o simplemente suspendidos, sin notificación ni explicación previa. A lo antedicho, añádase la falta de voluntad de resolver los grandes problemas nacionales y de asumir con seriedad las dificultades que agobian a la población. Tales dificultades, antiguas y actuales, se tratan, si acaso, a medias, cuando estas hacen crisis. Se gobierna sin programa y se desecha lo prometido en las campañas electorales. Dentro de pocos años se habrá duplicado la cantidad de habitantes del país y no se prevé la gravedad que implica esta realidad. No existen políticas poblacionales, migratorias y mucho menos de producción alimenticia con miras hacia el futuro. El problema ecológico Dentro del desolador panorama de degradación ecológica del territorio nacional, el componente más peligroso es la escasez de agua. Al faltar los bosques debido a la deforestación, a las prácticas de crecimiento sin desarrollo o de crecimiento con destrucción, a la ambición sin límites y a la miseria, que impele a los campesinos a cortar árboles, como apuntamos más arriba, el suministro del líquido vital a la población se ha convertido en una quimera. Los ríos, caudalosos hace tan solo 50 años, son hoy apenas hilos de agua que se convierten en torrentes sólo en tiempos de lluvia. Hemos perdido el agua en la medida en que hemos perdido los bosques. Y, en la medida en que perdemos el agua, perdemos la capacidad de subsistencia. Más aun, lo que queda de las fuentes de agua continúa siendo destruido antes del término de su curso para la obtención inmisericorde e inadecuada de la corteza terrestre que sustenta los efluvios naturales, sin tener en cuenta que ello se puede realizar con técnicas correctas o mediante la extracción de la cantera de materiales para la industria de la construcción, que representa el territorio no bañado por cursos acuíferos. La acumulación de basuras en todo el ámbito nacional es fruto de la falta de manejo adecuado de los desperdicios sólidos, así como de la indiferencia y falta de educación de la ciudadanía. No podemos hablar de salud pública cuando estamos rodeados de inmundicias, que son caldo de cultivo de enfermedades y epidemias, además de que conllevan la proliferación de ratas, moscas y mosquitos, entre otras plagas. No menos serio es la cantidad de vehículos automotores -muy por encima de la capacidad de sustentación- en la ciudades, las plantas eléctricas de emergencia y algunas industrias que aún subsisten. Ellas son origen de contaminación atmosférica que se traducen en gastroenteritis, asma, alergias y otras enfermedades que contribuyen a diezmar la calidad de vida, principalmente a la población infantil y la envejeciente. La ciudadanía Es insoslayable la porción de responsabilidad de la población en el actual proceso de degradación y desintegración en que nos encontramos. La ciudadanía juega un papel de importancia cuando cuestiona las ejecutorias dañinas de los sectores de poder, pero hay que tener en cuenta la indiferencia y el desencanto de una parte de la población por, entre otras causas, la falta de incentivos y de financiamiento de las asociaciones de servicio voluntario, al mismo tiempo que muchas organizaciones no gubernamentales son financiadas con recursos extranjeros y se convierten, por tanto, en caja de resonancia de intereses ultra-nacionales. El ciudadano común se siente frustrado por su impotencia ante el predominio de un sistema antinacional y corrupto, que legisla y ejecuta contra sus intereses y bienestar, sin que los mecanismos que existen formalmente en la Constitución y en la leyes le permitan, en los hechos, ejercer sin riesgo de la vida o su empleo el derecho a la protesta. Se siente incapaz cuando no vislumbra posibilidades de obtener justicia ante los abusos de que es objeto. Al ciudadano común no le queda voluntad ante los obstáculos de acciones para lograr cambiar el estado de cosas, pues las opciones que ofrecen los tres partidos políticos mayoritarios son la mismas, y las de aquellos que pudieran ser distintas adolecen de coherencia y credibilidad. Los ciudadanos comunes componen la gran masa engañada por el espejismo del favoritismo en el momento de participar en las elecciones. Aunque motivados por razones particulares, se movilizan confiados en falsos profetas, en el amiguismo. El desencanto y la desesperación comienzan a asomar entre las masas irredentas, lo cual pudiera generar luchas sociales de impredecibles consecuencias, o bien abstenciones significativas en elecciones, en las que ya pocos creen. La juventud dominicana carece de ejemplos edificantes. Sin modelos adecuados a imitar, ignorante de los valores morales y éticos, así como de su historia, ha derivado a una falta de ideales que la hace presa de la vida fácil que se inculca por todos los medios, el consumismo, el hedonismo, la irresponsabilidad ciudadana y una notable apatía nacionalista. En resumen Del análisis que presentamos, podemos colegir que República Dominicana camina por senderos peligrosos que amenazan su futuro, a menos que se corrijan serias anomalías, entre ellas: - La falta de producción de bienes de consumo y de uso, lo cual hace harto deficitaria nuestra balanza comercial; - El creciente desempleo; - El analfabetismo; - La tendencia a tomar préstamos sin tener medios para pagar la creciente deuda externa; - La prevaricación y corrupción generalizada, la cual no es eficientemente combatida ni penalizada; - La ineficiencia de la justicia; la impunidad ante los actos criminales y el aumento de la criminalidad consecuente; - La destrucción de los bosques, lo cual conlleva el agotamiento de las fuentes acuíferas y la consecuente agudización de la crisis del agua; - El mal manejo de los desechos sólidos; - La falta de atención adecuada a los centros de salud, la educación y los servicios públicos; - La ausencia de una política coherente en beneficio del ciudadano común, especialmente de los enfermos, los indigentes, los niños y los envejecientes; - La carencia de una política poblacional y migratoria nacionalista; - El cobro de impuestos abusivos al consumidor y a la clase trabajadora; - La continuación de la entrega alegre del patrimonio de la nación a intereses foráneos; - El sometimiento genuflexo a los deseos, caprichos y dictados de los Estados Unidos de Norteamérica; - La improvisación ante los grandes problemas nacionales; y - la total ignorancia e indiferencia hacia el futuro de la nación. La solución que proponemos ¿Hacia dónde vamos? Si continuamos por el trillo que hemos tratado de describir, de seguro que República Dominicana, al igual que muchos otros países, se encamina hacia lo que pudiera definirse como su extinción, lo mismo que les ocurrió a pueblos antiguos y le está ocurriendo a otros países en la actualidad, algunos de ellos con mayores recursos que los nuestros. En realidad, nos están llevando a la desaparición, cuando no al suicidio. Aún teniendo a la vista los ejemplos de la historia, estamos cometiendo los mismos errores, muchas veces peores. Es urgente que rectifiquemos el rumbo, que hagamos un gran esfuerzo colectivo de corrección, un acto de contrición, una cruzada para cambiar nuestro estilo de vida y las ejecutorias erróneas de gobernantes y gobernados, de ricos y pobres. Debemos rechazar a los deshonestos e inmorales y combatir a los hedonistas, los consumistas y los anti-nacionales. Las metas del Estado Dominicano deben ser claras en la dirección de lograr sin titubeos, el pleno empleo, el aumento de la producción y la calidad en la educación y la salud en el rescate de los valores patrios. De manera especial, debemos propugnar por los principios éticos, no sólo de los funcionarios públicos, sino también de toda ciudadanía. Debemos enfatizar la erradicación de la corrupción y la eficiencia global del Estado, privilegiando un programa educativo integral de grandes magnitudes que conduzca a una reforma intelectual y moral. El actual estado de cosas requiere la movilización activa de la población para la puesta en vigencia de una propuesta nacional de desarrollo que derrote los intereses negativos representados señeramente en los partidos del sistema político. Dicha movilización debe tomar la dimensión de una cruzada tenaz; de otra manera seguiremos arrastrando irremisiblemente los males, puesto que debemos estar conscientes de que no se puede esperar rectificación del poder actual. Es menester luchar por modificar la composición del Estado y sus políticas pero, al mismo tiempo, se debe construir la alternativa reinvidicadora desde el seno de la sociedad. Los diversos segmentos del pueblo deben organizarse alrededor de sus reinvindicaciones y poner fin a un estado de dispersión fruto de la pobreza, la ignorancia y la seducción de los intereses nefastos, situación sobre la cual estos se basan para perpetuar impunemente el clientelismo y la corrupción. Los ejemplos y las lecciones de patriotismo, moral y sacrificio que nos legó el Fundador de la República, Juan Pablo Duarte, puede ser la única y última opción que tengamos disponibles para salvar a nuestro país del colapso total. El ejemplo y los ideales del Padre de la Patria deben ser el faro que la juventud siga para reclamar su redención. En el ideario del Patricio, está la clave de nuestra salvación como nación libre, justa y feliz. Por Educación para la Democracia: (en orden alfabético) Adolfino Candelario (Papito) Roberto Cassá Emilio Cordero Michel Francisco Henríquez V. Clodomiro Moquete Dante Ortiz Rolando Tabar Manzur AntonioThomen Santo Domingo, República Dominicana. Marzo de 2002. |
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