Opinion: De anticuerpos y conflictos | 26-11-2005 |
"El problema es que los países centroamericanos no quieren a la República Dominicana en su acuerdo". Así hablaba el congresista estadounidense Charles Rangel, en su entrevista en "El Caribe" del 30.4.2003. Tamaño problema para nuestras autoridades, concentradas en convencer a los estadounidenses de que nos incorporen al Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica-EE.UU. (CAFTA). Porque fuertes son los anticuerpos que nos hemos generado, particularmente con Costa Rica. Y como le pasa al cuerpo humano cuando rechaza el órgano transplantado, así nos pasará si logramos el apoyo estadounidense a nuestras legítimas pretensiones negociadoras. Después de haber negociado en 1998 el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana (TLCARD), quedaron pendientes varios temas específicos, como el comercio de leche, de pollo y de productos de zonas francas. Luego de maratónicas reuniones adicionales, se acordó asignar cuotas de exportación de leche a Costa Rica y de pollo a Nicaragua. Se decidió igualmente que cada país aplicaría su respectiva ley de zonas francas al comercio de los productos allí obtenidos, con lo cual lamentablemente se excluyó a nuestros exportadores más competitivos. Con el cambio de gobierno, la transparencia del proceso negociador provocó un cuestionamiento a las condiciones ofrecidas a esos hermanos países. Se entendía que el Congreso no debía ratificar el TLCARD porque no podían ampliarse las cuotas de pollo y de leche que ya se habían concedido a los EE.UU., Canadá, Dinamarca, Holanda y Nueva Zelanda en la rectificación técnica negociada en la OMC. Además, se utilizó políticamente el argumento de que las cuotas creaban un conflicto de interés entre la función negociadora del más importante miembro de nuestra delegación y su legítimo rol como empresario privado. Sin embargo, presiones intensas desde Centroamérica llevaron a nuestras autoridades a insistir en la ratificación del TLCARD tal y como se había negociado. No bastó que el conflicto llegara a Ginebra y que se obtuviera una opinión favorable a la no ratificación por parte de la Secretaría de la OMC. No bastaron los duros encuentros con las delegaciones involucradas en los cuales se les reiteró, tanto verbalmente como por escrito, que mientras no se ratificara el Tratado teníamos todo el derecho en demandar una renegociación. Nada de eso fue suficiente como para impedir el efecto de la presión que se ejerce en los cónclaves de Jefes de Estado y desde ciertas embajadas dominicanas en las que pesan más los intereses del país anfitrión que los del país representado. En resumidas cuentas, se ratificó el TLCARD y se intercambiaron los instrumentos de ratificación. Pero no todo ha entrado en vigor. Las cuotas, justificadamente cuestionadas en su momento, son hoy un compromiso legalmente vinculante pero factualmente incumplido. Y mientras esto siga así, se continuará rechazando nuestra participación en las negociaciones del CAFTA. Ojalá que esta lección sea aprendida. Porque nuevos y más peligrosos son los conflictos de interés que hoy existen entre los negocios privados de nuestros representantes y la estrategia que ellos mismos promueven en materia de propiedad intelectual y zonas francas. El futuro del país está en juego. |
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